Interesantes propuestas relacionadas con la energía y sus empresas: la organización ecologista y pacifista Greenpeace propone que los políticos no puedan obtener posteriormente altos cargos en empresas eléctricas.
En resumen:
Si realmente existe el compromiso de fomentar la transparencia por parte de partidos y políticos, deben entre otras modificar la Ley de Incompatibilidades para impedir que personas que han ejercido cargos públicos puedan acabar trabajando en las grandes empresas energéticas. Y viceversa.
Es curioso que la ultraderecha financiera haya exigido y conseguido la separación entre el mando político y el bancario, por la cual desde los años 90 los bancos centrales estatales y luego el Banco Central Europeo (BCE) ejercerían su función de manera independiente de los deseos de un gobierno, elegido por un Parlamento, que surge de las urnas de manera poliárquicamente elegida (si no pensamos que sea adecuado escribir: "democráticamente elegida"). Su mandato superaría siempre el del Gobierno que lo elige, y nadie garantiza que ni las condiciones económicas ni los deseos ciudadanos ni el partido o facción en el gobierno para los siguientes cuatro años sean los mismos. El partido A puede elegir a un miembro de A pero el partido B llega luego al gobierno y se encuentra con ese miembro de A en el banco central. Al acabarse el mandato (a media legislatura, por ejemplo) puede mantener a ese A o poner a un miembro de B, que puede que se encuentre con un gobierno A dos años después. En realidad, es más sencillo: los partidos A y B y los miembros del Banco Central, sus presidentes, tendrán la misma ideología económica básica que beneficia a grandes empresas y perjudica a todo quisque.
Pero es curioso que esa separación explícita no se haya realizado con otros intereses estratégicos. Antes había empresas públicas: Endesa (Enher, Fecsa, Sevillana, etc.), Retevisión, Telefónica, Iberia (privatizada ¡con ese nombre! por los nacionalistas españoles para regalársela a la Pérfida Albión como ha hecho siempre el caspoespañolismo en su cesión de soberanía y lloriqueo posterior, como Gibraltar o las bases militares estadonidenses que Franco cedió haciendo perder la soberanía de defensa, militar y territorial al Estado Español a partir de 1953). Y los que mandaban en ellas, eran técnicos o politécnicos o simplementes carguillos políticos del regimen franquista (del INI, Instituto Nacional de Industria) o de los partidos políticos a partir de 1978. Era un control político sobre su actividad en una operación de extensión de la red por el país: electrificación, comunicaciones, etcétera. A partir de 1992 comienza la gran privatización -lo hace Felipe González y su gobierno del PSOE derechizado cada vez más- y la acaba Aznar unos 8 años después. Dilapidan el patrimonio público, obtienen una gran cantidad de dinero para repartirse entre ellos y crear unas reservas de divisas para luchar contra las tormentas financieras que afectaban a la peseta y para dar la sensación de que el país es más rico y puede construir AVEs (pagárselos a las empresas privadas del cemento que construyeron el Valle de los Caídos, además del pago de la tecnología alemana utilizada -Siemens, etc-.... nadie se habrá creído de verdad que lo de "Alta Velocidad Española", espero).
Las empresas eran privadas, pero los consejos de administración seguían repletos de ex-carguillos políticos. Los ministros entraban o salían de allí.
Nada raro: los presidentes de estas empresas antes de la privatización total por parte de Aznar eran compañeros de pupitre suyos (Vilallonga en Telefónica-Terra) o gente del partido (César Alierta). De hecho, incluso el ministro de Fomento Arias Salgado, un viejo que tendría que haber estado jubilado y petanqueando desde 1810, fue colocado en una empresa privada, francesa y comercial como Carrefour. Seguramente el caso más llamativo no fue el del proscrito en Chile, Martín Villa, quien fue Jefe de Estado de Endesa, sino el de un sucesor, Manuel Pizarro, dueño de Teruel capital y nefasto presidente de Endesa, empresa desde la que hizo dos cosas no necesariamente contradictorias, sabotear Catalunya y a sus habitantes con continuos cortes de luz y no hacer ni una inversión manteniendo una gestión privada perversa, ineficaz y desesperante. Eso sí: los ciudadanos catalanes siguen pagando su luz al monopolio privatizado de Endesa o a sus comerciales fantasma.. A su paso por el Parlamento, aclamado por el tertulianismo y no acosado por los diputados en una clara dejación de sus funciones públicas y una muestra de su también ineficacia, se presentó de candidato por el Partido Popular. El tránsito de lo privado a lo publico completaba el círculo de estar en lo privado habiendo sido cargo público.
En realidad, hice trampa... o la hizo el legislador: el Banco de España o el Banco Central Europeo también permite ese chanchulleo de paso y traspaso de políticos. En realidad, mantuvieron fuera a los que tuvieran ideologías que no fueran de ultraderecha financiera, los que tuvieran ideas keynesianas (Keynes, ese peligroso revolucionario amigo de Mao, ETA y Bin Ladin) o peor aún, de izquierdas, o ¡peor aún! que hagan como China, que controla el bailoteo de su moneda con un precio políticamente asignado, lo que hace mejorar su balanza de pagos por comercio exterior. Esa imposición el legislador (González, Aznar, Comisión Europea, FMI) con el martilleo de una campaña por gente que vergüenza les debería dar denominarse "economistas" o "espertos en gestión de prestigiosos institutos" (los IESE y Esades, vinculados a facciones de la Iglesia Católica, que han estado lanzando proclamas de ultraderecha financiera y llenando de inútiles tantas empresas de todo el mundo, osea colaboradores del desastre de gestión empresarial y financiero de España y resto del planeta). El desastre está ahí. Mario Draghi, el presidente del BCE, un ultraderechista financiero que permite dinero a sus bancos privados pero niega el agua y la sal a los ciudadanos que le pagan su millonez, ni siquiera es capaz de controlar la inflación española, cuando el control de esa inflación es lo único que realmente tiene atribuido por medio de los tratados europeos. Y además le da igual. Y encima le permiten ir al Congreso de los Diputados a puerta cerrada, y el presidente de esa institución parlamentaria (cada vez con más voz tomada donde las eggrhes le desapareceren resaqueramente; beba agua) bloquea comunicaciones, telefonía y ladra contra los díscolos porque no están callados y asintiendo.
Lo que pide Greenpeace es que los ministros, presidentes de gobiernos y de comunidades autónomas, consellers, secretarios de Estado y demás listado de altos cargos no puedan ingresar en empresas eléctricas para evitar la corrupción total: se llevan información privilegiada, a la que los ciudadanos no podemos acceder porque ¡huy, es muy secreta! y luego resulta que les hacen normativas a su medida y entran en esas empresas para decirles cómo aprovechar esas normativas y cómo saltárselas. Son lobbies (grupos de presión, es decir, grupos a los que les permiten hablar con los decisores públicos -¿tú puedes hacerlo?- para que les hagan caso continuamente con el objetivo de ganar dinero ellos y de empeorar, si es posible, las condiciones generales, aunque ellos dirían que no es empeorar sino que sería mantenerlas igual aunque no necesariamente mejorarlas). Los políticos, los altos cargos permiten que los habitantes pasen de ser ciudadanos a súbditos de monopolios privados. En ambos casos, los que mandan son los mismos: porque los mismos son hoy los gobernantes y mañana los consejeros de administración de las empresas eléctricas extensible a las empresas privatizadas monopolísticas (hay una a la que le puedes comprar) u oligopolísticas (hay pocas a las que les puedes comprar, y encima es obligado hacerlo y encima pactan los precios entre ellas y no se hacen la competencia real más allá de la publicidad).
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